El número de familias atendidas en año 2018 han sido 221. / Ayuntamiento de Irun

El delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, y la responsable del Servicio de Atención Primaria, Mila Holgado, acompañados de trabajadores sociales que atienden estas situaciones, han dado cuenta este viernes de los datos referidos al balance de atenciones realizadas por el área en materia de apoyo a familias para casos de desprotección de menores.

En cifras, tal como se desprende de la memoria del área de Bienestar Social, en el ámbito de la intervención en situaciones de desprotección infantil, el número de familias atendidas en año 2018 han sido 221. De estos casos, 73 familias con 125 menores en situación de desprotección leve/moderada aceptaron participar en el programa de intervención familiar, recibiendo por tanto el apoyo psicológico y educativo citado anteriormente. Del total de casos atendidos, 15 de ellos fueron derivados a los servicios especializados de la Diputación Foral dada la gravedad de la situación. Otro dato registrado son los partes de absentismo escolar remitidos desde los centro escolares a estos servicios sociales, que durante el pasado curso fueron 330.

«El trabajo preventivo ya sea con las familias, jóvenes, o menores, así como los programas en coordinación con centros escolares, centros sanitarios y otras entidades resultan fundamentales para evitar en lo posible aquellas situaciones que requieren intervenciones sociales”, explicaba Sergio Corchón.

Para la atención de las situaciones de desprotección infantil detectadas, el Ayuntamiento de Irun dispone de un equipo compuesto por cuatro trabajadoras sociales que atienden en exclusiva al ámbito de la desprotección infantil (niños y adolescentes). Para ello trabaja en coordinación con otras entidades en la prevención, detección e intervención de los casos y dispone dos protocolos firmados con Osakidetza y con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

El objetivo de estos protocolos es el de intervenir de manera coordinada (con profesorado, servicios de pediatría, equipos de psiquiatría infantil…), «prestando una atención inmediata y ágil con el fin de preservar y defender los derechos de la infancia y adolescentes de nuestro municipio», explican desde Bienestar Social. En todo ello es fundamental que la administración sea eficaz en la detección precoz de los casos. Por otro lado, dada la importancia de la formación en esta materia de los profesionales ajenos a los servicios sociales (profesorado, pediatría…) por su situación privilegiado en el contacto directo con los menores, los servicios sociales municipales han llevado a cabo sesiones formativas en esta materia.

Los responsables del área añadían que «las situaciones pueden ser variadas, y la actuación para caso depende de factores como la conciencia del problema de los progenitores, su motivación para el cambio, la gravedad del daño infringido al menor..etc.». En cualquier caso, cuando eso se produce y lo detectan los servicios sociales municipales, hay una actuación inmediata para ponerse en contacto con las familias, a las que se presta ayuda terapéutica y/o educativa con el objeto de eliminar o paliar las dificultades detectadas. «Les facilitamos el apoyo de un psicólogo/a con formación específica en esta materia que ayude a conocer cuáles son los motivos que pueden estará produciendo esta situación y apoyo educativo, para eliminar o modificar los factores de riesgo y dotar de habilidades a los padres/madres en la atención y cuidado de sus hijos/as, favoreciendo el bienestar del niño/as». Tras la puesta en marcha de estos recursos, la valoración que se hace de la mejora en la situación de las familias y del bienestar en los menores es significativa.