El Ayuntamiento de Irun tiene ya la liquidación presupuestaria del año 2016. Una liquidación que fue presentada ayer a los portavoces de los grupos municipales y de la que posteriormente se dará junta ante el pleno de la corporación. Un balance de cuentas positivo que representa el estado saneado de las cuentas municipales.
Las cuentas del pasado ejercicio arrojan un resultado positivo de 5.700.000 euros. La liquidación refleja que se han sumado 2 millones más de ingresos ordinarios de los previstos. El carácter positivo de la liquidación se justifica, entre otros, en algunos ingresos superiores a los presupuestados, derivados de subvenciones recibidas de otras instituciones o de algunos aumentos en la recaudación de impuestos y que permiten el resultado positivo a pesar de haber tenido también descensos en el Fondo Foral de Financiación Municipal.
El municipio suma tras esta liquidación 9 millones disponibles, fruto de los últimos resultados positivos y el balance final de este ejercicio. De ellos hay que prever una reserva ante la futura resolución de la cantidad a pagar en concepto de cupo por parte de los municipios que está pendiente de resolución y que en el caso de Irun rondaría los dos millones de euros.
La deuda a 31 de diciembre de 2016 es de algo más de 23,3 millones de euros, lo que representa un 33,21% de los ingresos corrientes liquidados en 2016. Es un dato que está lejos del máximo permitido, que podría ascender hasta el 77%.
A la espera de criterios forales
En los últimos ejercicios este remanente positivo ha posibilitado modificaciones de crédito del presupuesto en curso para realizar algunas inversiones, otorgar subvenciones o ampliar acciones. Sin embargo a día de hoy hay cierta incertidumbre sobre las posibilidades de disponer libremente de este dinero. La aprobación de la nueva Norma de Estabilidad Presupuestaria (2012), supuso la adopción de algunas medidas en la elaboración de los presupuestos y en la disponibilidad de los remanentes y los pagos de deudas. En la Comunidad Autónoma Vasca, y en concreto en el territorio gipuzkoano, gracias a una Norma Foral dictada en 2014, se gozaba de singularidad en la aplicación de estas medidas de la norma nacional. Sin embargo los criterios territoriales fueron recurridos y se han declarado nulos en varios de sus artículos desde el año pasado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo no ha admitido el recursos de la Diputación Foral de Gipuzkoa a esta sentencia. Por lo tanto, algunos artículos de la Norma Foral quedarían en suspenso y la Diputación Foral de Gipuzkoa estudia ahora la publicación de nuevos criterios para los ayuntamientos del territorio. Algunas de las singularidades de las que gozaban los ayuntamientos gipuzkoanos estaban relacionadas con el uso de los remanentes de los presupuestos anteriores, pero también con los criterios que se fijan para la elaboración de los presupuestos de años posteriores, etc.
El alcalde, José Antonio Santano, admitía esta mañana que “estamos en un momento de incertidumbre a la espera de los criterios de la Diputación Foral de Gipuzkoa y saber cómo vamos a poder disponer del dinero o con qué criterios elaborar los presupuestos de 2018. Nuestra mayor preocupación es que cambian las reglas del juego y no se atiende la salud de los municipios, aunque como en nuestro caso estemos saneados”.
