“Un año desde que insistimos en la necesidad de un reglamento que generalizase el uso de las cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Irun. A pesar de lo positivo que se mostraba el equipo de gobierno con la implantación de cláusulas sociales en las contrataciones públicas, la realidad es que estas se limitaban a pocos contratos y con poca diversidad en el formato de las cláusulas”, indican en una nota desde la formación morada.
SPI apuesta porque en la contratación pública se incida socialmente en el bienestar de la ciudad, superando que el menor coste sea el único criterio para decidir, algo que considera “un criterio injusto”.
Mediante las cláusulas sociales SPI señala que se garantizaría “que todas las empresas que contraten con el Ayuntamiento de Irun cumplan los convenios colectivos de Gipuzkoa, medidas de seguridad laboral rigurosas, prioridad a las pymes frente a las grandes corporaciones, que las empresas adopten medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral y estabilidad en el empleo”.
Tras recibir el compromiso del equipo de gobierno en la elaboración del reglamento la formación se dio por satisfecha, a la espera de conocer el borrador, pero este no ha llegado. “Nos reunimos en mayo con los responsables de la redacción del mismo y se nos dijo que no había avances”.
“Hemos esperado pacientemente, pero ya es hora de hacer pública nuevamente nuestra apuesta por la redacción de un reglamento de cláusulas sociales en el que podamos aportar todas las formaciones políticas. Solicitamos, nuevamente, que se haga un esfuerzo por culminar la elaboración del reglamento de cláusulas sociales”, concluye SPI.
