Abotsanitz y EH Bildu piden un servicio de intermediación para facilitar el pago del alquiler de locales comerciales. Buscaría llegar a acuerdos entre propietarios e inquilinos de locales para que en la actual situación el precio del alquiler no sea el que provoque el cierre de los negocios.
El COVID-19 y las medidas para hacer frente a sus efectos no solo han tenido un impacto directo en nuestras vidas, sino que también han tenido efectos significativos en la economía. Así, muchas de las pequeñas empresas y trabajadores autónomos que tenemos en el valle del Bidasoa han tenido que suspender su actividad y otras muchas están siendo perjudicadas indirectamente por el cierre y la reducción de movimientos. Por ejemplo, bares, restaurantes, pequeños comercios, agencias de viajes, etc.
El colectivo de trabajadores autónomos y las pequeñas empresas no solo crean puestos de trabajo, sino que además contribuyen a mantener la vida y la idiosincrasia de los núcleos urbanos. En cambio, entre sus gastos habituales, uno de los más destacados y que no pueden evitar es el alquiler de los locales que necesitan para llevar a cabo su negocio.
Desde las instituciones se ha insistido en que el objetivo ante esta crisis es mantener el tejido económico que tenemos actualmente. Con el objetivo de que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos mantengan sus actividades, es imprescindible aliviar de alguna manera los costes del alquiler y no es posible llevarlo a cabo sólo con subvenciones de las administraciones.
Abotsanitz y Bidasoko EH Bildu “hemos propuesto poner en marcha un servicio de mediación en Bidasoa bizirik. El objetivo de esta sería llegar a acuerdos entre propietarios e inquilinos de locales para que en esta situación que vivimos el precio del alquiler no sea el que provoque el cierre de los negocios. Este servicio debería ser gratuito y creemos que Bidasoa bizirik es la herramienta adecuada para realizar esta labor”.
“Siendo la intermediación lo que se propone, habría que ayudar a que ambas partes se pongan de acuerdo, habría que informar al propietario de que un cierre del negocio supondría el fin de los pagos del alquiler, y tendría como objetivo llegar a compromisos con el inquilino en función de sus posibilidades. De este modo, contribuiría a que, mediante el acuerdo, se adoptaran las medidas oportunas para ambas partes, dejando siempre a un lado la vía judicial”.
